CONDENA DEL TSJCV

Mediante un comunicado del secretario
General del Partido Socialista en Torrevieja,
critica la mala gestión económica del equipo
de gobierno del PP en materia de urbanismo.

La mala gestión económica del equipo de gobierno del PP en materia de urbanismo en otra de las modificaciones del PGOU denunciada en el año 2000 se resuelve con una condena al Ayuntamiento de Torrevieja de unos 400 millones de pesetas. Los ciudadanos muy probablemente tendrán que cargar una vez más con los resultados de actuaciones poco claras en materia de urbanismo.

Ante la sentencia condenatoria del TSJCV, -demorada su ejecución hasta la concreción definitiva de los perjuicios- referida al asunto de otra modificación del PGOU, concretamente la número 68, por la que el Ayuntamiento, o sea todos los vecinos de Torrevieja, puede que tengan que abonar a la mercantil Travensa S.A unos 400 millones de pesetas, el PSOE de Torrevieja, a través de su Secretario General, Angel Sáez quiere hacer constar lo siguiente:

1.- Que los asuntos que puedan derivar en actuaciones económicas en el municipio deben ser tratados con el máximo rigor, puesto que hablamos de cuentas públicas cuya propiedad reside en todos los torrevejenses.

2.- Que la alegría y despreocupación con que se han venido tratando los dineros de todos, y los gastos absolutamente innecesarios, legión de puestos de confianza y premios

literarios, entre otros, junto a la falta de una verdadera política de contención del gasto inútil, han llevado al municipio a una situación insostenible de deudas con los bancos (muy próximo a 10.000 millones de las antiguas pesetas).3.- Que aunque la sensatez hubiera obligado al menos a no malgastar más, hace unas semanas se volvió a contratar a siete nuevos altos cargos de confianza de los de más de 500.000 pesetas al mes.

4.- Que la sentencia condenatoria del TSJCV, al parecer por una nueva mala gestión (hay otra cuestión pendiente en los tribuales relacionada con una permuta de suelo por la que también nos van a pedir una cifra económica de mucha mayor cuantía) del equipo de Gobierno del Partido Popular en materia urbanística, pone en grave riesgo la economía municipal debido al ya alto índice de endeudamiento y del déficit público.

Ante esta situación creemos sensato pedir que los pagos derivados de esta sentencia no recaigan en estas ocasiones sobre los ciudadanos por no ser estos los culpables sino que podrían ser abonados por los representantes del equipo de gobierno del PP, y el conjunto de sus múltiples cargos de confianza política (Asesores, Directores Generales y ese largo etcétera).